Pacto Fiscal en Bolivia

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Introducción
La idea de establecer un “nuevo pacto fiscal” surgió en Bolivia luego de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en 2005. Después de mucho tiempo se han iniciado las primeras reuniones del pacto fiscal, la cual se ha convertido en un espacio de debate. Este tema es muy importante que actualmente en Bolivia, cada vez es más comentado.

El ascenso de los ingresos bolivianos por concepto de exportaciones de las materias primas, que elevó grandemente los precios de los principales productos del país, como la soya, los minerales y, principalmente, el gas. Este fenómeno multiplicó los ingresos estatales y, por tanto, la “torta” que había que volver a partir según un esquema racional.

Antes de dar una definición del significado del Pacto Fiscal, debemos tener muy claro que se quiere alcanzar con un Pacto, es contar con los recursos Pacto Fiscal suficientes para dar más salud, educación, agua potable, energía eléctrica, es decir más y mejores oportunidades para que nuestra población pueda prosperar y progresar, y de esta manera se pueda reducir la pobreza que tiene nuestro País.

El pacto fiscal es el acuerdo entre el gobierno central, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las autonomías indígenas originarias campesinas y las universidades públicas con los objetivos de garantizar la autonomía en la gestión y administración de los recursos asignados a cada uno de éstos, además de las fuentes de financiamiento necesarias para el ejercicio de las competencias transferidas.

QUE PROBLEMAS RESOLVERÍA EL PASTO FISCAL

El Estado boliviano enfrenta una dificultad estructural: la carencia de ingresos a consecuencia de la limitada actividad económica del país, lo que se traduce en recaudaciones tributarias escasas. Al mismo tiempo, y de una manera compensatoria, Bolivia ha contado casi siempre con rentas provenientes de la explotación de recursos naturales, que el Estado ha intentado capturar de una u otra manera.

Sabemos que Bolivia cuenta con dos tipos de ingresos: los ingresos normales, constituidos por los tributos que genera la (precaria) actividad económica del país, y los extraordinarios, que provienen de la posesión (directa o indirecta) de yacimientos de distintas clases de recursos naturales. La más importante es la “extraordinaria”, porque actualmente provee una gran cantidad de fondos al Estado.

¿ES NECESARIO UN PACTO FISCAL?

Bolivia debe consensuar un pacto fiscal y social, pero además orientar sus políticas públicas para lograr una mayor igualdad de oportunidades y derechos para sus habitantes, lo que implica ampliar la participación y la deliberación pública a amplios sectores de la población que se han visto marginados de la sociedad, pero también avanzar en la efectiva titularidad de derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Resolver inequidades vía pacto fiscal implica además buscar una igualdad de derechos a todo nivel; los bolivianos necesitan acceder a escenarios de bienestar social y reconocimiento. Pero también implica avanzar hacia una mayor igualdad en materia de acceso, sobre todo en campos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental y la seguridad social a nivel central y subnacional.

Según varias opiniones vista es necesario porque existen tres razones:

a)    La ley de autonomías y descentralización

b)    Por motivo de eficiencia económica

c)    Porque es una oportunidad excepcional para realizar las urgentes tareas

Existen muchas preguntas ¿qué es o que se entiende por pacto fiscal? ¿Es necesario un pacto fiscal? ¿para qué sirve el pacto fiscal?

¿Cómo se entiende el Pacto Fiscal?

En 1998, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) preparó el documento “El Pacto Fiscal. Fortalezas, debilidades y desafíos” para el vigésimo séptimo período de sesiones de la Comisión realizado en Oranjestad, Aruba, en el cual se intentaba instituir que:

El pacto fiscal debe entenderse como el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social.

Un pacto fiscal también puede entenderse como un acuerdo social sobre el origen, destino y composición de los recursos necesarios para financiar al Estado. Puede interpretarse como la materialización de un contrato social resultante del reconocimiento mutuo de obligaciones y derechos entre el Estado 

y los ciudadanos (CEPAL, 1998).

¿para qué sirve el pacto fiscal?

                                                                            

Para que ningún ciudadano se sienta excluido o discriminado cuando reciba el apoyo del estado, ya que el estado está en la obligación de apoyar al ciudadano.

Existen por lo menos dos razones que explican la importancia de avanzar en materia de Pacto Fiscal:

1.      La evidencia de que el gasto público constituye una poderosa herramienta de freno ante los efectos más negativos de la volatilidad externa (caída de precios de exportación, baja del empleo, ingresos y consumo, entre otros).

2.      El reconocimiento de que una buena fiscalidad, respaldada por instituciones sólidas (a nivel central y subnacional) y una capacidad adecuada de gestión pública, contribuye de manera complementaria a la equidad y cohesión sociales y al desarrollo productivo.

OBJETIVOS DEL PACTO FISCAL

§  Dar más y mejores oportunidades para que nuestra gente pueda prosperar y progresar, y de esta manera reducir la pobreza que aqueja a nuestro País.

§  La estabilidad macroeconómica, la autonomía fiscal sub-nacional, la equidad distributiva, la eficiencia en la ejecución del gasto, y la responsabilidad y disciplina fiscal.

§  Definir la magnitud y los procedimientos de recaudación de impuesto y el destino que se dará.

Ventajas

·     El “Pacto Fiscal” contribuye a la reducción del “riesgo país”. El comportamiento de las finanzas públicas es uno de los aspectos más sensibles en la percepción de riesgo que tienen los inversionistas tanto nacionales, pero principalmente extranjeros. Ello simplemente se explica a que, si no hay confianza, se teme que el Estado capte más impuestos de lo que los inversionistas consideren compatible con el sostenimiento de un cierto nivel de rentabilidad o que el Estado gaste más de lo debido, no asigne los recursos de manera que se genere valor agregado en la sociedad y nuevas oportunidades de inversión, resultantes, por ejemplo, de una mejor preparación del capital humano o de un mejor acondicionamiento competitivo del territorio.

·         Otra ventaja del “Pacto Fiscal” es el incremento del capital social.

·         Aumenta la transparencia en el manejo de las finanzas públicas.

CONCLUSION

Bolivia debe consensuar un pacto fiscal y social, pero además debe orientar sus políticas públicas para lograr una mayor igualdad de oportunidades y derechos, lo que implica ampliar la participación y la deliberación pública a amplios sectores que se han visto marginados de la sociedad, pero también avanzar en la efectiva titularidad de derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Constitución Política del Estado.

Desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en febrero de 2009, Bolivia se constituye en un Estado con autonomías, la cual debe consensuar un Pacto Fiscal y social pero además orientar sus políticas públicas para lograr una mayor igualdad de oportunidades y derechos.

La aplicación de un Pacto Fiscal implicará un cambio transcendental en la estructura, reglas de juego y prioridades del sector público en Bolivia. Los cambios deben alinear a todos los actores públicos en tres premisas: (1) el compromiso, (2) la coherencia y (3) el control.

Las incorporaciones de éstas contribuirán a alcanzar los objetivos de Desarrollo Humano de la agenda 2025, lo cual existiría la reducción de los niveles nacionales de pobreza estructural, mediante el acceso universal a un nivel mínimo aceptable de bienes y servicios primarios para todos los habitantes del territorio nacional, independientemente de su ubicación geográfica”.

Bibliografía

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Constitución Política del Estado (07 de 02 de 2009).

Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (2010)..

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria 2012, información .

Ruiz, Mier F. y Guissani, B. (1996). La descentralización de los servicios de educación y salud en Bolivia. CEPAL..